LA COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA VIOLENTO LA CONSTITUCION Y SIRVIO PARA LA

La continuidad del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que esta semana hizo un acto público para dar a conocer su informe final, ha llegado a su fin por una serie de violaciones a la Constitucion de la Republica y a los mismos Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al querer incluso soprepasar las funciones de persecucion del delito de la Fiscalia y presionar mediaticamente a los jueces, es decir utilizar el derecho como un arma politica.

"La CICIG es un organismo que surgió tras la firma de un acuerdo entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en diciembre de 2006, para apoyar a las instituciones del Estado en la investigación y persecución penal de los grupos que cometen "acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos" y están "vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado", o cuentan con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas, según se desprende del documento rubricado".

Ya en 2003, Guatemala había solicitado asistencia a la ONU para investigar y ayudar a desarticular a estos grupos. El acuerdo entró en vigencia en agosto de 2007 y un mes después comenzaron las operaciones de la CICIG en el país centroamericano.

En sus 12 años de funcionamiento, la CICIG investigó e identificó a más de 70 estructuras criminales de alta complejidad, más de 120 casos de alto impacto fueron judicializados y se hicieron cerca de 100 solicitudes de antejuicio; mientras, unas 1.540 personas fueron sindicadas en investigaciones del Ministerio Público y hubo 400 condenas en la justicia local, informó Iván Velásquez, jefe del organismo, en la presentación del informe final, el pasado martes 20 de agosto.

Entre los involucrados en los delitos hay expresidentes, exvicepresidentes, exministros, diputados, altos funcionarios de Estado, narcotraficantes, empresarios y alcaldes.

De acuerdo a un informe, publicado en julio pasado por Amnistía Internacional, los casos resueltos por la CICIG "guardan relación con crímenes de derecho internacional como las ejecuciones extrajudiciales, o hechos que afectan el goce de los derechos humanos, como la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la salud o la independencia judicial".

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2015, cuando la CICIG dio a conocer un esquema de fraude aduanero que había sido, presuntamente, orquestado por el entonces presidente Otto Pérez Molina (2012-2015), quien renunció a su cargo, luego de tres meses de protestas en las calles guatemaltecas. El exmandatario fue llevado a la justicia y continúa bajo prisión preventiva.

Hubo un proceso judicial contra la entonces vicepresidenta de Molina, Roxana Baldetti. La exfuncionaria fue sentenciada por "fraude, asociación ilícita y mal manejo de recursos públicos" en un caso denominado "Agua mágica", por malversar millones de un fondo estatal establecido para descontaminar un lago con una sustancia supuestamente especial, que en realidad era agua, sal y cloro. Por este caso, fue condenada, en octubre de 2018, a 15 años y 6 meses de prisión.

El 31 de agosto de 2018, el presidente Jimmy Moralesanunció que no prolongaría el trabajo de la CICIG en el país, acusando al organismo de violar la Constitución.

Cuatro días después, ordenó la prohibición de ingreso al país a Velásquez, a quien acusó de haberse extralimitado en sus funciones; por ello, en la presentación del informe final de la CICIG, estuvo a través de videoconferencia.

"En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala, ha montado un sistema de terror", dijo el mandatario durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2018.

La decisión sobre la salida de la Comisión fue confirmada el pasado 7 de enero. Entonces, el mandatario volvió a acusar al organismo: "Funcionarios de la CICIG violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país".

Morales dio un plazo de 24 horas a los funcionarios de la CICIG para abandonar Guatemala y dar por terminada la labor del organismo. Sin embargo, la Corte Constitucional revirtió el anuncio de expulsión y anunció la continuidad de la Comisión hasta su vencimiento, que se dará el próximo 3 de septiembre.

Morales, durante su campaña electoral en 2015, decía que extendería el mandato de la CICIG; y al iniciar su gobierno apareció en varias conferencias de prensa junto a representantes del Ministerio Público y el organismo de la ONU.

No obstante, a principios de 2017, su percepción sobre la CICIG cambió. El quiebre ocurrió cuando fue develado un caso de presunta corrupción que involucraba a su hijo y a su hermano, José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, respectivamente. Ambos eran acusados de supuesto fraude y lavado de activos en el caso "Botín registro de la propiedad", por, presuntamente, emitir facturas falsas con las que habrían defraudado 12.000 dólares al erario público.

El problema es que toda estas acciones de la CICIG las podia ver el Ministerio Publico, y si no se confiaba en las instituciones por eso se deberian sustituir a los funcionarios para un verdadero trabajo de investigacion, pero fue todo lo contrario, la Comision lo que hizo fue amenazar a todos los politicos y empresarios que tenia interes en desarrollar sus derechos politicos, y los ataques indiscriminados contra el honor de muchos ciudadanos quedaban al descubierto; por lo que la Comision no logro nada a favor de la transparencia, al contrario favorecio ciertos sectores de poder.

FOTOGRAFIA DE REUTERS