PRESENTAN DEMANDA POR HOMICIDIO CONTRA EL PRESIDENTE Y EL CONSEJO DE MINISTROS EN ESPAÑA.
Varias oficinas juridicas integrando un grupo de once abogados de toda España han presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos por el nuevo coronavirus contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 vicepresidentes y ministros del Ejecutivo por posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia.
La querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por «un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave» al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas por el virus Sars-Cov-2.
Representan a 3.268 personas, han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.
La denuncia penal representa a 3.268 las personas, cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del Sars-Cov-2, aunque hasta el momento únicamente se han personado 116 familias «dado que las restantes no han podido obtener» el Certificado Médico de Defunción necesario para poder acreditar la muerte de los familiares.
La denuncia hace incapie de «la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía y nefasta» por parte de los 23 miembros del Gobierno en la gestión y evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus.
«Una crisis sanitaria», dice el texto, «que, amén de tardía, ha estado continuamente trufada de decisiones y ordenes verbales, contradictorias con las medidas previstas para el freno de los contagios, lo que a su vez ha contribuido de manera poderosa al desproporcionado incremento del número de víctimas que, posiblemente, se contagiaron en los propios centros sanitarios, en los que se produjeron dantescas escenas de hacinamiento de enfermos, creándose así un escenario perfecto para la propagación del virus».
«Lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19 es muy grave», ha explicado la Fundación Zaballos que preside Emilia Zaballos y que se ha unido a la iniciativa promovida e iniciada por la plataforma El Día Después.
«Las responsabilidades, desde nuestro punto de vista, están muy claras. Ahora le toca decidir a la justicia», ha señalado esta fundación que se ha unido a los once abogados de toda España que han presentado la querella.Parte de la demnada reclaman accion penal contra todos los funcionarios e indemnizaciones por los graves delitos cometidos contra ciudadanos en España ante el mal manejo de la epidemia.El mismo ejemplo deben de tomar las personas infestadas por COVID19 que por negligencia de las autoridades se han contagiado, en otros países; tambien los familiares de los fallecidos deben de demandar, por otro lado los protocolos de la OMS son inadecuados y hay un cuestionamiento internacional de falta de capacidad cientifica del organismo mundial.Tambien deben de haber demandas porque los Gobiernos han centralizado todo el dinero y no se están contralando los gastos.
